Desde 2008 hasta hoy se han producido casi un millón de desahucios en el territorio nacional. Solo en 2019 fueron 54.006 las familias que fueron desalojadas de sus casas, lo que, dicho de otra forma, supuso un desahucio cada 10 minutos. Y esta cifra es menor a la de años anteriores, donde la cifra se encontraba en 250 desahucios diarios.
¿Por qué sucede esto?
El precio medio mensual del alquiler en Madrid es de 1.338€, siendo un 80% de las viviendas las que cuestan más de 600€. El precio medio de la vivienda (a la hora de comprar) es de 1460€ por metro cuadrado. Mientras, el sueldo más frecuente es de 1125€ al mes para las mujeres y 1458€ al mes para los hombres (datos de 2017, dos años antes de la crisis del coronavirus). La consecuencia es clara: las familias en situación de alquiler (el 84%) y las hipotecadas son desalojadas sin tener una alternativa de vivienda adecuada por no poder pagarla. También se producen desalojos a aquellas personas que alquilan locales para desempeñar un trabajo que les proporcione este bien básico que es la vivienda.
Además, tras la crisis de 2008, gran parte del parque de vivienda pasó a pertenecer a bancos, fondos buitre o las llamadas SOCIMIS, primando así el beneficio económico de las grandes empresas y la especulación a costa de la ciudadanía.
¿Por qué son estos y no otros los precios de la vivienda? ¿Por qué son estos y no otros nuestros sueldos? ¿Cuánto cuesta realmente una casa? ¿Estamos pagando el precio de los materiales y el trabajo que ha costado hacerla, o estamos enriqueciendo a una minoría? ¿Qué se está priorizando?
¿Qué consecuencias tienen los desahucios?
Los desahucios son un problema de salud. Generan muertes por frío, aumento de la tasa de suicidios, deterioro de la salud mental y física… así como empeoramiento de la calidad de vida de las personas, teniendo que hacer sacrificios tales como privarse de alimentos, medicinas u ocio para poder pagar la vivienda. Con la situación de la pandemia, además, pueden contagiarse de Covid-19 muy fácilmente al vivir en la calle o en espacios que no reúnen las condiciones mínimas de salubridad.
¿Quién se hace cargo de estas personas? ¿Quién se responsabiliza de sus muertes? En una situación de crisis sanitaria, ¿por qué se decide ignorar la salud de tantas personas?
¿Qué ha supuesto la Covid-19 a la crisis de la vivienda?
El coronavirus, los estados de alarma y las distintas decisiones políticas para gestionar la crisis, han producido un aumento del desempleo y un cierre de los negocios locales. Sin embargo, los precios de los alquileres y propiedades no han parado de subir respecto a los salarios medios de la población, dificultando aún más el acceso a vivienda. En Madrid, se jactan de que se ha “reducido el precio de la vivienda”, siendo esta diferencia irrisoria teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos. Los precios de la vivienda siguen siendo desorbitados.
El Gobierno, viendo esto venir, suspendió los desahucios para aquellas “familias vulnerables económicamente a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19”. Dicha consideración, que no siempre es fácil acreditar, deja de lado a la ciudadanía que ya era vulnerable económicamente antes de la Covid-19. También propuso en un principio una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para prohibir los desahucios hasta diciembre de 2022. Enmienda que ya han retirado, a la par que anuncian que van a rescatar con dinero público a bancos, fondos buitre y grandes propietarios como Blackstone, BBVA o Banco Santander.
La consecuencia ha sido clara. Solo en los primeros nueve meses de 2020 se produjeron 18.138 desahucios, entre hipotecas, alquileres y en precario. Según la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), cada semana 800 familias están siendo arrojadas a la calle. Estas personas no están recibiendo ningún tipo de compensación o ayuda.
¿Por qué el Gobierno (tan progresista) propuso el cese de los desahucios para 2022? Si tan terribles son los desahucios, ¿por qué no acabar con ellos para siempre? Podría acabarse con el reparto desigual de riqueza, dejar de favorecer a los grandes tenedores de vivienda que obtienen millones a costa de enriquecerse de una necesidad básica. Sin embargo, es mucho más sencillo lanzar una campaña mediática contra la okupación, como se ha hecho. Se ha puesto en el punto de mira a aquellas personas y familias que no pueden pagar las hipotecas o los alquileres y okupan viviendas deshabitadas buscando una alternativa habitacional, una alternativa a vivir en la calle de la que nadie se está encargando. (Recordemos que los albergues para personas en situación de calle están saturados, al igual que los servicios sociales; y además depender de ellos no soluciona el problema de base).
También se penaliza y reprime a aquellas personas o grupos que denuncian los desahucios. Compañeras que se enfrentan a palizas por parte de la policía y a los grupos de matones de Desokupa; o a multas y penas de prisión por tratar de parar un desahucio o por grabarlo (no sea que quede constancia de algo tan vergonzoso). El delito no es el desahucio en sí, es que intentes hacerle frente o mostrarlo a la sociedad. El delito no es dejar a alguien en la calle, es ser solidario en la defensa de una necesidad básica.
Los grandes propietarios nos roban y extorsionan, el Estado nos echa de nuestras casas mientras les protege, pero luego es nuestra responsabilidad, somos criminales por tratar de sobrevivir. No poder pagar unos precios desorbitados no es una cuestión individual, es un problema estructural que deriva del sistema económico y político actual. No haría falta que ninguna persona fuese señalada como delincuente si el acceso a la vivienda fuese universal. Mientras tanto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta que se reconozca a la vivienda como necesidad básica. No vamos a parar hasta que llegue el día en que no haya casas vacías. NI CASAS SIN GENTE, NI GENTE SIN CASAS.